Un acuerdo base han alcanzado el gobierno central y las universidades públicas del país

Todo está ligado a financiamiento idóneo: enseñanza, investigación, ayudas como la residencia estudiantil. Un acuerdo base han alcanzado el gobierno central y las universidades públicas del país, instituciones que protestaban por un recorte de previsión de fondos, cercano al 10 %, en la proforma presupuestaria para el próximo año, 2019. En el caso de la Universidad de Cuenca se temía un recorte superior a 9 millones de dólares.

El proyecto de la residencia universitaria es una las inversiones que depende del flujo de fondos

Todo está ligado a financiamiento idóneo: enseñanza, investigación, ayudas como la residencia estudiantil.

Un acuerdo base han alcanzado el gobierno central y las universidades públicas del país, instituciones que protestaban por un recorte de previsión de fondos, cercano al 10 %, en la proforma presupuestaria para el próximo año, 2019. En el caso de la Universidad de Cuenca se temía un recorte superior a 9 millones de dólares.

Según el acuerdo alcanzado con el Ministerio de Finanzas, el presupuesto inicial de las universidades será el mismo que aprobado para el año 2018. Para el alma mater cuencana, unos 89 millones de dólares; y, en el curso de los meses siguientes se lo podría modificar.

El presupuesto de este año está cerrando en unos 93 millones. El rector, Pablo Vanegas, señaló que los acuerdos con el ministro de Finanzas, Richard Martínez, incluye otros puntos que deben discutirse con las autoridades universitarias.

Hubo reparos en mantener el presupuesto del 2018 pero finalmente fue aceptado. La sesión con el ministro y los rectores fue en la Escuela Politécnica Nacional, en Quito.

Para esta mañana está prevista una marcha de universidades públicas en reivindicación del presupuesto y autonomía universitaria, en varias ciudades del país.

Junto con los directivos, docentes y servidores, la Federación de Estudiantes Universitarios, (FEUE), participará en demanda de que los fondos que requiere la educación superior, dijo su presidente, Juan David Acurio. Sobre el acuerdo entre el Estado y los rectores, aún “no hay nada en firme”, opinó.

La preocupación por el financiamiento universitario lo enfatiza, Boris Orellana, presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad de Cuenca. De ello depende el ejercicio de la docencia, los proyectos de investigación y vinculación con la comunidad. Equipamiento, infraestructura, becas, todo está ligado: una buena investigación mejorará lo que se enseñe y eso dará mejores profesionales, manifiesta.

El catedrático defiende el principio de autonomía: administrativa, financiera y académica, que permita autogobernarse, “tomar decisiones independientes de una agenda central” y fijar objetivos alejados al “vaivén político”.

Para Orellana, con las actuales leyes e instituciones que regulan las universidades hay un retroceso en su autonomía: por ejemplo no pueden escoger por sí mismas la forma de ingreso de estudiantes ni docentes.

Las universidades han caído en una “agenda central, adherida a los objetivos gubernamentales. Se habla de autonomía responsable, pero eso no existe. La autonomía es o no es”, dijo.

Año a año la asignación presupuestaria causa tensión a las universidades, recuerda José Riera, alumno de Derecho de la Universidad de Cuenca. A los estudiantes les inquieta que, si hay reducciones de fondos, afecte la concesión de becas o el incentivo académico, emolumento que reciben los alumnos destacados para su sostenimiento.

Igualmente temen por la provisión de insumos para laboratorios (vitales en carreras como medicina), los fondos para investigación, el sostenimiento del Aula de Derechos Humanos.

Algunos estudiantes reciben ayudas como becas de alimentación o la atención a sus bebés en un centro de cuidado.

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