Nuevas denuncias por xenofobia se debaten en Cuenca

Un letrero colocado en un inmueble de las calles Tomás Ordóñez y Rafael María Arízaga, en el centro de Cuenca, fue el centro de una polémica. “Se arrienda un departamento. No extranjeros”, se puso en el anuncio que ya no está. Esa imagen se compartió en las redes sociales y levantó críticas entre quienes defienden el derecho de las personas a la libre movilidad y los que mantienen ciertos prejuicios contra los migrantes -y específicamente contra los venezolanos-, por el tema de la inseguridad. Verónica Aguirre, defensora del Pueblo de Azuay, dialogó con el dueño de esa vivienda, quien retiró el letrero. “Pero el daño está hecho y la decisión del arrendatario fue una salida que no cambia su mentalidad de prejuicio y rechazo hacia nosotros”, dijo la caraqueña Valentina Pacheco, de 20 años. Ella llegó a Cuenca embarazada, hace ocho meses, con su esposo Xavier García, de 22 años, y un niño pequeño. Sus compatriotas les contaron que en esta urbe hay más oportunidades de trabajo y que la gente es respetuosa; pero no han tenido esa suerte. Durante dos meses esta familia vivió en casas de posada porque nadie les rentaba un cuarto. “Solo al escuchar nuestro acento nos rechazaban. Dicen extranjeros no o que ya está rentado el departamento y los anuncios se mantienen”, dijo la joven. También les pedían recomendaciones y garantías económicas, “cuando somos familias sin dinero y que llegamos por trabajo”. En ese tiempo visitaron más de 30 inmuebles.

Actualmente comparten un cuarto con otros compatriotas cerca de la Calle Larga, en el centro de la urbe. Según el Ministerio del Interior, 1 845 659 venezolanos ingresaron al país hasta octubre, de ellos 371 913 se quedaron en el país y en Cuenca viven unos 10 000. Para Grace Jiménez, especialista en política pública de la Defensoría del Pueblo de Azuay, la xenofobia es un tema latente, pero que casi nadie denuncia por miedo. Ella cree que ocurre por la falta de políticas públicas. En el 2019, la Defensoría del Pueblo de Azuay atendió 20 casos de xenofobia denunciados por temas relacionados a arriendos, acceso a la educación de los niños, falta de atención en instituciones públicas como el Registro Civil y temas laborales en general. Entre los casos que no se denuncian está el de Valentina Pacheco, quien vivió una situación similar en una tienda donde compró una piña. Al llegar a la casa y abrir la fruta, contó, estaba podrida. Fue a cambiarla y la vendedora le respondió molesta y que sus compatriotas acostumbran a comer de la basura. “Hay compañeros que les ha tocado eso, pero no porque nos guste sino para sobrevivir en un país con dificultades”, dijo la joven madre. Para Jiménez, como esa persona, hay gente que se aprovecha de las necesidades de los migrantes para vulnerar sus derechos.

Luis Lasaballet en Venezuela era imaginólogo y en Ecuador se reinventó como obrero, pescador y agricultor. En ninguno de esos empleos firmó contratos. Con los patrones acordaban el sueldo por un monto y al finalizar el mes le pagaban la mitad. Por eso abandonó cada empleo y ahora se dedica a vender avena (bebida) para una empresa cuencana. Por 10 horas de trabajo diario gana entre USD 20 y USD 25. El año anterior en las puertas de dos fábricas del Parque Industrial, la Defensoría del Pueblo encontró letreros sobre requerimiento de personal, aclarando “no extranjeros”. En estos casos también dialogaron con los empresarios para evitar esas publicaciones. En un estudio realizado por la Defensoría del Pueblo, el Ecuador ubica a la xenofobia contra los extranjeros en el quinto lugar entre las dificultades que tienen en una nueva ciudad. Por encima están la falta de recursos económicos, inseguridad, alimentación, falta de documentación. Lo mismo pasa en Cuenca, dice Jiménez, quien contó que en la actualidad trabajan con personal de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) para trabajar en programas de educación y concientización ciudadana que ayuden a reducir las brechas de la xenofobia. En contexto La Defensoría del Pueblo de Azuay conoce de oficio los casos, pero no es un ente sancionador, sino únicamente de diálogo con los infractores, para proteger los derechos de los migrantes. Sus especialistas hacen recorridos para ubicar más casos.

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