El Gobierno reacciona ante pedido de consulta minera de Yaku Pérez

El Ministerio de Energía y Recursos No Renovables presentó su respuesta oficial a la Corte Constitucional (CC) sobre su posición respecto al pedido de consulta popular antiminera presentada por el prefecto de Azuay, Yaku Pérez. Hoy, miércoles 12 de febrero del 2020, el viceministro de esa cartera de Estado, Enrique Gallegos Anda, entregó el documento en la CC, acompañado de Ramiro Montalvo, viceministro de Ambiente y de Carlos Andrade, de la Secretaría Nacional del Agua (Senagua). Gallegos calificó de “irresponsable” la iniciativa de Yaku Pérez que busca prohibir las actividades mineras en las fuentes de agua del Austro y cancelar las concesiones de este tipo de actividad que se hayan otorgado, previo a la eventual consulta.

El funcionario dijo que la pretensión de prohibir o cancelar las actividades mineras amparadas por un título minero, sin una consideración técnica y legal, sino basada en motivaciones políticas, generará graves precedentes en cuanto a seguridad jurídica en el país. “No es posible que el Estado constantemente pague demandas internacionales. Esto va a ocasionar una demanda. Ya tenemos una de USD 430 millones por el proyecto en la zona de Río Blanco”, explicó Gallegos. El 7 de enero pasado, el Prefecto de Azuay presentó un nuevo pedido de control constitucional a dos preguntas para una consulta popular sobre temas mineros en su provincia. La primera pregunta señala: «¿Está de acuerdo con la prohibición, sin excepción de actividades de prospección, exploración y explotación de minería metálica artesanal, pequeña, mediana y a gran escala, en fuentes de agua, zonas de recarga, descarga y regulación hídrica, páramos, humedales, bosques protectores y ecosistemas frágiles en la provincia del Azuay? La segunda dice: “»¿Está de acuerdo que se cancelen las concesiones mineras metálicas que hayan sido otorgadas con anterioridad a esta Consulta Popular, en fuentes de agua, zona de recarga, descarga y regulación hídrica, páramos, humedales, bosques protectores y ecosistemas frágiles en la provincia del Azuay?».

Además de la respuesta solicitada por la CC dentro de esta causa, los representantes del Ministerio del Ambiente y de Senagua presentaron un amicus curiae, con el que buscan ser escuchados por el juez constitucional que lleva la causa. En septiembre de 2019, la CC sentenció sobre un pedido similar hecho por Pérez. En esa oportunidad, el máximo órgano de interpretación constitucional archivó el pedido argumentando que la «pregunta relativa al pedido de la iniciativa ciudadana para solicitar una consulta popular, ingresada por el señor Yaku Pérez Guartambel el 30 de junio de 2019, no garantiza la plena libertad del elector, ni cuenta con un apego constitucional».

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